CORRUPCIÓN POLICIAL Y CONTRABANDO

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Recientemente se tomo público conocimiento

de un caso de corrupción policial relacionado al contrabando.

 

Lamentablemente, en el debate público, el hecho es usado por los formadores de opinión para llevar agua a su molino y quedar en la chiquita.

Detrás del hecho hay algo que trasciende las gestiones de Bonomi, Larrañaga o Heber.

A modo de introducción, y para dar un marco teórico fuera de nuestro caso puntual, cito unos fragmentos del libro “Hacia una nueva libertad” de Murray Rothbard donde habla sobre la corrupción policial.

“En casi todos los casos de corrupción, los policías estaban involucrados en negocios lícitos que, por mandato del gobierno, habían sido declarados ilegales. Y, sin embargo, gran número de personas, al demandar esos bienes y servicios, había demostrado que no estaba de acuerdo con que esas actividades fueran puestas en la misma categoría que el homicidio, el robo o el asalto. De hecho, prácticamente en ningún caso la policía había sido sobornada para que encubriera crímenes execrables. Casi siempre se trataba de que “mirara hacia otro lado” mientras se realizaban voluntariamente transacciones legítimas. El derecho común establece una vital distinción entre un crimen que es malum in se (inherentemente malo) y uno que es meramente malum prohibitum (malo porque está prohibido). Un acto es malum in se cuando la masa del pueblo siente de manera instintiva que se trata de una acción reprensible que debería ser castigada.

Esto coincide a grandes rasgos con la definición libertaria del crimen como la invasión hecha a la persona o a la propiedad: asalto, robo y asesinato. Otros crímenes son actividades que han sido convertidas en delitos por edictos gubernamentales: la corrupción policial se produce en esta área, en la cual la tolerancia es mucho mayor.

En resumen, la corrupción policial ocurre en relación con actividades en las que los empresarios proveen voluntariamente a los consumidores servicios que el gobierno ha declarado ilegales por decreto: narcóticos, prostitución y juegos de azar. Por ejemplo, allí donde el juego está prohibido, la ley pone en manos de la policía asignada a la vigilancia de las apuestas el poder de vender el privilegio de participar en el negocio del juego de azar. En pocas palabras, es como si se le diera el poder de otorgar licencias especiales para realizar esas actividades, y entonces procediera a vender estas licencias extraoficiales pero vitales al precio que los interesados estén dispuestos a pagar”

Lo que sucede hoy es un caso particular de eso. Tenemos legislación que penaliza el contrabando, y al mismo tiempo la sociedad no lo percibe como algo malo. De hecho es gracias al contrabando que la gente, en especial los más vulnerables, personal policial y militar de bajo rango incluído, pueden alimentarse.

El contrabando es una actividad tolerada, (por este y todos los anteriores gobiernos, desde el virreinato inclusive).

El académico argentino Diego Zysman Quirós en un artículo sobre la historia del contrabando:

“Es sabido que las necesidades administrativas y de protección comercial frente a los intereses ingleses y portugueses llevaron a la corona española a constituir, en 1776, el Virreinato del Río de la Plata, reordenando territorios que anteriormente dependían del Virreinato del Perú, con sede en Lima”.

A pesar de las relevantes diferencias entre el comercio europeo y el de las colonias, el Río de la Plata, monopolizado de iure por el comercio español, también conocerá las dualidades del contrabando. Estas marcarán en gran medida el destino de muchas ciudades, como Buenos Aires, conexión vital para muchos centros urbanos del interior del país que no podrían haber subsistido del abastecimiento lícito de Lima.

Se ha expresado también que en todo el Río de la Plata el comercio mediante contrabando era marcado por las características típicas de una economía propia del Antiguo Régimen, dependiente de redes asociadas a los puestos de control político local. El contrabando, lejos de afectar las sensibilidades patricias era practicado por las familias más prestigiosas, elites descendientes de los conquistadores españoles y portugueses, y contribuía de diversos modos a la manutención de la sociedad. Ya entonces el contrabando servía de lazo entre distintos estratos sociales, permitiendo que algunos pocos tuviesen acceso a beneficios que se encontraban vedados para la mayoría de la población.

Así, resulta singular en nuestro caso, descubrir que la prohibición de ingresar libros de filósofos y enciclopedistas establecía que los importadores debían presentar bajo juramento, un listado de obras al Santo Oficio, con especificación de autores, títulos, fechas, ediciones, lugares. De este modo, muchos de los pensadores iluministas prohibidos, como tal vez, el mismo Marques de Beccaria, ingresaron a América mediante contrabando, dispuestos en dobles fondos o entre los envoltorios de las ropas de los viajantes. Así también, en algunos casos, obras señeras de Iluminismo como las de VOLTAIRE fueron fácilmente camufladas a nombre del inexistente “Moltatre”.

 

¿A qué voy con esto? A mostrar que el asunto del contrabando es algo que históricamente ha sido barrido debajo de la alfombra por los gobernantes, desde antes incluso de ser Estado independiente.

Téngase presente también que, la policía no tiene la capacidad de reprimirlo totalmente. Si quisieran reprimirlo, sería muy fácil, es solo ir por los almacenes y meter presa gente. No daría la capacidad de las cárceles, y generaría mayor pobreza y caos social.

La represión que se practica es solo a efectos disuasivos. Por un lado, se dictan normas que criminalizan el contrabando, y por otro lado la realidad obliga a hacer la vista gorda.

 

La policía es tan víctima del sistema como lo es el bagayero.

Por un lado, se crean normas que obligan a reprimir, y por otro lado la represión total es imposible físicamente. Se obliga a la policía a algo imposible. Se obliga a la policía a hacer la vista gorda. Se deja a criterio de cada autoridad policial el grado represivo. En algunos momentos esa represión es más laxa, en otros lugares y momentos es más dura, llegando a reprimir puntualmente a bagayeros de ómnibus o de tren en Paso del Cerro.

Eso hace que toda autoridad quede expuesta a cualquier superior. Un superior puede proceder sobre un subalterno “omiso” y crearle problemas. O cualquier periodista con complejo de Woodward y Bernstein puede armar un escándalo mediático y complicar al funcionario.

En estos dias el ex jefe de policia de Cerro largo, funcionario de larga trayectoria,enfrentará una causa judicial. Formalmente enfrentará otras figuras penales, no será exactamente contrabando la causa formal, pero el origen del problema es contrabando. El origen es la realidad que lo obliga a ser “omiso” en la represión. Tan omiso como todas las autoridades desde la época colonial. Bien pudo haberlo tocado a cualquier otra autoridad policial. El contrabando se ve publicamente aún en las ferias de la capital.

La responsabilidad principal es del sistema político, en especial de aquellos políticos tibios, que ante el planteo de analizar el tema del contrabando se van en evasivas, “es un tema complejo, requiere un enfoque interdisciplinario transversal, un plan integral, bla bla…..”, y siempre termina en la nada, barriendo debajo de la alfombra. Son los mismos que en épocas electorales se jactan de sabérselas todas pidiendo el voto.

Probablemente el ex jefe de Cerro Largo sea castigado. Mañana será cualquier otro. Esto no se arregla cambiando autoridades o procesando policías. El policía que sustituya al “corrupto”, mañana estará en la misma situación. Esto se arregla encarando seriamente el porqué del contrabando, con verdadero compromiso político en la solución.

“Cuidar a los que nos cuidan” es también darle un marco jurídico realista que les permita ejercer su función.

Cr. Atilio Amoza

Contador Público, Professor e referente em Políticas Fronterizas

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