Un año atípico llega a su fin, y para los comerciantes de todo el Uruguay la situación no ha sido fácil; distanciamiento o aislamiento social, confinamiento voluntario o el lineamiento estatal de #quedanteencasa , la cuestión es que este 2020 ha quedado marcado en la memoria de gran parte del mundo y los quileros no son la excepción: siguen yendo a comprar de máscara y cargando lo que pueden, cómo y por donde pueden.
Sin embargo, al margen de todas las dificultades señaladas en artículos anteriores y que se refieren a su salud, a la educación y la represión que han debido enfrentar desde los orígenes de la historia, en nueve meses de un nuevo gobierno uruguayo, desde diversas tiendas políticas se han planteado múltiples propuestas, todas discutibles y todas con largo positivo para las fronteras, pero toda la esperanza parece centrarse en una idea más integral que surge del interior y desde el llano.
Sabiendo que no se trata de distancias geográficas determinadas en quilómetros, ni tampoco de kilos de alimentos permitidos para pasar por la Aduana, Atilio Amoza y Juan Manuel Rodríguez insisten en que debemos hablar de libertades -eso que el Presidente de la República repitió varias veces en su discurso de asunción el 1° de marzo-, especialmente la libertad de poder comprar donde nos es más conveniente.
Su propuesta pretende cambiar el enfoque represivo hacia el contrabando. Si bien los dos fundamentos para combatir el contrabando que realizan los quileros son la protección a la industria nacional y la supuesta evasión de impuestos, hoy tales argumentos carecen de validez, ya que al estar dentro del Mercosur no existe esa protección arancelaria a los productos de los países vecinos.
En lo impositivo, los quileros pagan impuestos aún sin quererlo, ya que al comprar en Brasil, lo hacen como consumidor final y pagan IVA en el vecino país; entonces no hay tal omisión del pago de tributos, dicha apreciación es incorrecta y perfectamente podría resolverse con políticas espejo en nuestro país, reduciendo o erradicando así ese daño parcial e involuntario, pagando los impuestos en el país de ingreso.
En ese sentido, proponen que se busque un mecanismo para formalizar la actividad, para que el quilero, de ese modo, deje de ser jurídicamente un delincuente y pase a ser un pequeño importador, lo cual sumado a la propuesta legislativa que algún integrante del partido de gobierno esgrime, quitaría la sanción penal a la actividad de transporte y comercialización de mercaderías del vecino país, reduciendo así el número de presos por tal delito y concomitantemente evitaríamos que ciudadanos honestos que pretenden trabajar se relacionen con verdaderos delincuentes que luego los captan para el crimen organizado.
Entonces, más allá de las restricciones de ingresos al Uruguay, del rastreo de contagiados, y potenciales portadores del virus, hay otros temas que preocupan a un gran sector de la sociedad, y todas las esperanzas están puestas en estas propuestas complementarias de despenalización, que -junto a la apertura del país para turistas y la flexibilización comercial fronteriza-, conducirían a futuro a la regularización de la actividad y viceversa.
Ahora, solo depende de la voluntad política del gobierno de turno, decisión sabia que descomprimiría mucho la delicada situación social de las regiones fronterizas del país y que los quileros podrían recibir con gran beneplácito en este 2021 que llega.
Produtor e documentalista, investigador, escritor, jornalista e amigo da natureza.
